Pero antes es necesario un referendum vinculante previo y 'pactado' en toda España para quitar competencias a las autonomías y por consiguiente reducir las plebendas de esos pequeños reinos de taifas que es en lo que se han convertido.
La disputa territorial en España sigue su propio camino. El Estado autonómico validado por la Constitución Española de 1978 ha provocado que las administraciones regionales hayan ido ganando poder y margen de maniobra. La descentralización de poder no ha dejado de crecer.
Actualmente las empresas sufren un calvario de legislaciones, algunas en contradicción que impiden la ligereza necesaria para montar una empresa en 12 horas como en Canadá, lo cuál redundaría en mas empleo.
Sin hablar de la lacra de los impuestos, multas, taxas, necesarios para que estas agrupaciones elefantísticas de funcionarios, embajadas, viajes de promoción e invención de nuevos paises.
¿Hay que seguir por ahí, o es necesaria una marcha atrás?
Llevamos mucho tiempo hablando de la cuestión catalana, y cada cierto tiempo aparece una encuesta para saber en qué cifras se movería un hipotético referéndum. ¿Y si se le preguntase a los españoles sobre el reparto de poderes entre las administraciones? Elegimos democráticamente a nuestros representantes estatales, autonómicos y locales, pero, ¿quiénes queremos que tengan más poder de decisión?
Es extraño que no se haya planteado este tema pero claro es como querer cortar el tronco de un árbol desde una de sus ramas. Se puede debatir 'solo' lo que interesa a unos pocos, ya que abrimos el melón, hagámoslo con sentido común para crear un país mas moderno y mas democrático.
Uno de los problemas principales que se han señalado es la duplicidad de cargos que hay por existir distintas capas en la administración pública. Si hay una función desempeñada por un funcionario del Estado, no debería ser necesario que haya otra haciendo lo mismo trabajando para una comunidad. ¿No hay suficientes cosas por hacer, o efectivamente sobran funcionarios afínes a determinadas ideas y tenemos que mantenerlos para asegurar votos?
El inflar la cantidad de funcionarios no deja de ser algo que haga sospechar por indicios de corrupción, especialmente en cargos que sean asignados a dedo por los políticos. La cantidad de tramas urbanísticas que se han descubierto en un sinfín de municipios españoles ya debería de tenernos alerta.
El Estado se reserva ciertas competencias de manera exclusiva, como puede ser el ejército o la convocatoria de un referéndum. Por mucho que en Cataluña se reclame como un derecho civil y democrático, el Estado debe acceder a concederlo, porque así lo específica la Constitución.
Los defensores de una recentralización opinan que se está corriendo el grave riesgo de que los españoles acaben siendo distintos entre sí en obligaciones y en derechos, si es que no lo son ya. Por ejemplo, por las diferencias tributarias. Hace unos días se han visto las notables diferencias al pagar el impuesto de Sucesiones según donde se viva. Eso explica que las renuncias a las herencias sean mucho más numerosas en Asturias (16% en 2016) que en Galicia (7,5%).
Sucesiones es sólo un ejemplo de cómo puede funcionar la recaudación dependiendo del lugar de residencia, porque cada comunidad tiene potestad para aplicar medidas tributarias particulares, como una tasa medioambiental, por ejemplo. Y, por otra parte, están las consideraciones especiales otorgadas a País Vasco y Navarra, que derivan en una relación distinta con el Estado, pero que, esas sí, están incluidas en la Constitución.
La educación es otra parcela donde se ha avanzado, hasta provocar que no todos los alumnos españoles estudien lo mismo. Ni los programas de estudio coinciden plenamente, y los libros tampoco lo son necesariamente. ¿Es lógico que haya diferencias educativas entre los diferentes territorios?
Las competencias sanitarias transferidas a las comunidades provocan que la atención a un paciente también pueda variar. Por ejemplo, las listas de espera, o la capacidad de los profesionales para tratar en los hospitales públicos a los inmigrantes sin papeles, una de las cuestiones que más quebraderos de cabeza dan a las administraciones.
Los defensores de la descentralización creen que se debe ir más allá. Es decir, que la atención al ciudadano debe ser mucho más cercana, y por eso piensan que los ayuntamientos han de manejar una parte mucho más importante del presupuesto total, deben recibir más competencias aún.
Las dudas pueden surgir en cuanto a que, si las corporaciones locales deciden sobre muchas más cosas, deberán recaudar un mayor porcentaje de los impuestos. ¿No podría tumbar eso el concepto de solidaridad entre territorios?
No sería quizás mas democrático someterse a ese Referendum sobre competencias y consecuentemente gastos innecesarios y luego en caso de que todos estemos de acuerdo en aumentar las competencias el siguiente para ver que pasa con la secesión de unos cuantos manipuladores.
