lunes, 20 de noviembre de 2017

Solo faltan 200.000 votos para quitar el poder al secesionismo.

Los partidos constitucionalistas necesitan, cinco puntos más que en las últimas elecciones autonómicas de 2015

Futuro gobierno el 21-D en Cataluña.

Claves:
La primera tiene que ver con la participación. Y lo que se sabe es que a medida que ha aumentado la tensión independentista en los últimos años, la abstención ha sido menor. O lo que es lo mismo, el proceso soberanista ha sacado a muchos electores de uno y otro signo de sus casas. Hasta el punto de que en las elecciones autonómicas de 2015 -las últimas celebradas- la participación fue del 74,95%. Es decir, 13 puntos más que la media de los once comicios celebrados desde 1980, cuando Cataluña tuvo su primer Parlament.
A raíz de las últimas e inéditas manifestaciones multitudinarias apoyando la pertenencia a España, parece razonable pensar, por lo tanto, el 21-D es probable que la participación alcance un récord histórico. Evidentemente, es imposible saberlo ahora, pero hay una cosa clara. Teniendo en cuenta que en 2015 participaron 4.130.196 votantes (el censo electoral ascendía a algo más de 5,51 millones), eso significa que cada punto de participación adicional representa 41.301 votos. Por lo tanto, alcanzar el 80% equivaldría a que 206.505 abstencionistas -cifras aproximadas porque el censo electoral todavía no ha sido actualizado por Estadística- acudieran a las urnas.
Muchos análisis han sugerido que la movilización del voto independentista ha sido mayor, lo que daría a entender que el voto constitucionalista se ha quedado en mayor medida en casa, y, lógicamente, si aumenta también mejorará sus resultados.
La mayor participación favorece en principio a los partidos constitucionalistas. La participación en las provincias más independentistas (Girona y Lleida) ha sido similar a la del resto de Cataluña, incluida Barcelona, donde tienen menos respaldo los soberanistas. Es probable que en esas provincias el nivel de abstención sea, sin embargo, mayor entre los constitucionalistas, pero no hay que olvidar que aunque esas provincias están sobrerrepresentadas en el reparto de escaños, su impacto global es limitado.

La importancia de Barcelona

De los 135 diputados que se elegirán el 21-D, nada menos que 85 saldrán de la circunscripción de Barcelona, que es, realmente, la provincia determinante, y allí es donde sacaron los mejores resultados los partidos constitucionalistas, posteriormente 'tamizados' por la ley electoral. En los últimos comicios, la participación en Barcelona fue del 75,05%, prácticamente igual que en el resto de la comunidad.

Ley de Homs

En 2015, en el conjunto de Cataluña, cada escaño le costó a JxSÍ 26.269 votos, por debajo de los 29.454 que tuvo que obtener Ciudadanos o los 32.705 del PSC. La CUP fue la formación más castigada: 33.779 votos.
Lo que dicen los datos reales, y no las encuestas, es que la coalición ERC y la antigua Convèrgencia lograron en 2012 -ambos partidos no acudieron unidos- 1.614.383 votos, ligeramente por debajo de los 1.628.714 que obtuvieron en 2015. Ahora bien, la diferencia estriba en que la participación fue sensiblemente superior. En las últimas autonómicas, acudieron a votar 461.886 catalanes más que en las elecciones anteriores, y, sin embargo, la coalición de Junts pel SÍ perdió algo más de 14.000 votos. Por lo tanto, la mayor participación no les benefició, aunque ganó un diputado (hasta los 62) gracias al reparto de escaños por la aplicación de la ley electoral.
Quien ganó, por el contrario, fue la CUP, que prácticamente dobló los votos (pasó de 126.435 a 337.794), lo que refleja que fue en ese segmento en el que el grado de movilización fue mayor, toda vez que el resto de partidos de izquierda no sufrió grandes alteraciones. En en el caso de CatSÍqueesPot (la coalición de Colau, Iglesias y el antiguo PSUC) la mayor participación tampoco afectó de forma relevante a sus votos. Pasó de 359.705 en 2012 a 367.613, lo que indica que su electorado es bastante estable. Mientras que el PSC mantuvo básicamente su electorado.

Bloque constitucionalista.

Algo diferente sucede en el bloque constitucionalista. La suma de Ciudadanos, PSC y Partido Popular obtuvo en los últimos comicios 1.608.840 papeletas, es decir prácticamente las mismas que JxSÍ, pese a lo cual obtuvieron 52 diputados (diez menos debido a la ley electoral). En 2012, sin embargo, los tres partidos lograron 1.271.395 votos, lo que supuso 337.445 menos que en 2015. Por lo tanto, a quien realmente beneficio la mayor participación fue a los partidos constitucionalistas, que tras el 9-N decidieron movilizarse. La CUP fue el otro partido que mejoró sus resultados de forma relevante.

En todo caso, no es irrelevante recordar que la polarización política en Cataluña ha expulsado del mercado electoral a los pequeños partidos, sin votos suficientes para entrar en el parlament, y que han sido absorbidos por las grandes formaciones.
Los dos casos más relevantes han sido unio.cat, el viejo partido de Duran i Lleida, que en 2015 obtuvo 103.293 votos ahora huérfanos de liderazgo. Y también el PACMA, el partido animalista, que sacó 30.157 votos, aunque en este caso, y dada su transversalidad ideológica, es incierto saber hacia dónde irán sus votos en un contexto electoral casi plebiscitario, y en el que se dirime: independencia, sí o independencia, no. Es previsible, por el contrario, que la mayoría de los votantes de union.cat respalde a los partidos constitucionalistas, ahora que se ha abierto la vía Iceta con el PSC, toda vez que la escisión que salió de Unió en 2015 sigue siendo democristiana, pero ahora también independentista, y esa opción está plenamente ya integrada en JxSÍ.

Intención voto 20-11-17 para elecciones 21 D

JxCat y PSC suben sus perspectivas a costa de ERC y C's, pero los dos bloques quedan inamovibles y CeC paga su ambivalencia con dos escaños menos.

Desde el punto de vista sociológico, diversos estudios coinciden en que la opción independentista recaba más apoyos entre los nacidos en Cataluña; entre aquellos que tienen estudios superiores; entre los estudiantes y entre los residentes en poblaciones inferiores a 10.000 habitantes. En cambio; recaba su menor respaldo entre parados, nacidos fuera de Cataluña, personas sin estudios y entre quienes viven en ciudades de más de 50.000 habitantes.

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